Autor: Rosalba Azucena Gil Mejía
El 2 de octubre de 1968 representa un punto de inflexión en la historia contemporánea de México, un pasaje doloroso, pero fundamental que transformó el tejido social, político y democrático del país. Lo que comenzó en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, como una manifestación pacífica y un llamado legítimo a la apertura civil, se convirtió en una de las represiones de Estado más cruentas de nuestra memoria colectiva.
Sin embargo, a más de cinco décadas de distancia, el significado de esta fecha trasciende la tragedia: se erige como el nacimiento de un México más participativo, crítico y consciente de sus derechos fundamentales.
En aquel año, las voces que confluyeron en el movimiento estudiantil perteneciente principalmente a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto Politécnico Nacional, junto con profesores, obreros y familias no buscaban la confrontación, sino el diálogo institucional. El pliego petitorio del Comité Nacional de Huelga exigía demandas básicas: la libertad de presos políticos, la abolición del delito de disolución social y el cese de la violencia policial. La respuesta gubernamental de la época, marcada por el autoritarismo, optó por silenciar el disenso mediante la fuerza.
El costo humano de esa tarde fue incalculable, pero el eco de los jóvenes que defendieron la libertad de expresión no pudo ser apagado. El sacrificio de esa generación sembró las bases para las reformas políticas posteriores, la autonomía de las instituciones públicas y la defensa irrestricta de los derechos humanos.
Décadas después el movimiento, impulsó jurisprudencia y precedentes históricos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, centrados en la Imprescriptibilidad del Genocidio y Crímenes de Estado: a través del Amparo en Revisión 968/99 determinó que el delito de genocidio no prescribe y que el tiempo transcurrido no puede ser un obstáculo para evadir la investigación de violaciones graves a los derechos humanos, así como el derecho a la verdad y acceso a expedientes, tratándose de crímenes de lesa humanidad o violaciones graves y los límites a la Participación Militar en Seguridad Pública en que la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas civiles debe estar justificada, subordinada a las autoridades civiles y con un respeto absoluto a los derechos humanos.
Como consecuencia, el Estado mexicano publicó un acuerdo presidencial histórico en el que reconoció formalmente que los hechos del 2 de octubre de 1968 constituyeron un crimen de lesa humanidad, ordenando de forma definitiva medidas de reparación integral, disculpa pública y no repetición.
Hoy, la célebre premisa “¡2 de octubre no se olvida!”, no es sólo un reclamo de justicia histórica; es un imperativo ético y un pilar de nuestra identidad civil. Las instituciones y la sociedad civil conmemoran este día para refrendar un compromiso absoluto con la paz, la transparencia y el respeto a la dignidad humana. Recordar el 68 nos obliga a mirar hacia el futuro con la responsabilidad de proteger las libertades democráticas conquistadas, donde el diálogo y la libertad de pensar sea el único camino hacia el progreso.
Porque un Estado verdaderamente democrático no es aquel que consigue silenciar el disenso, sino aquel que tiene la fortaleza de escucharlo, garantizar derechos, y someter siempre el poder de la Constitución a la ley y a la dignidad humana.
¡2 de octubre no se olvida! Porque un país que conserva la memoria de sus heridas aprende a proteger sus libertades.
