Reformas al Poder Judicial y a los derechos de pueblos indígenas

by Grupo Nobula
Reformas constitucionales aprobadas en 2024 incluyen elección popular de jueces y reconocimiento de derechos de pueblos indígenas y afromexicanos en México.

El Congreso de la Unión aprobó una serie de reformas importantes entre septiembre y octubre de 2024, en las cuales destacan modificaciones en la democratización del Poder Judicial y los derechos de los pueblos indígenas. En este periodo, se publicaron nueve decretos, de los cuales seis fueron reformas constitucionales.

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Reformas al Poder Judicial y fortalecimiento de los derechos indígenas y afromexicanos

Una de las reformas más relevantes es la modificación al Poder Judicial, la cual fue publicada el 15 de septiembre de 2024. Esta reforma establece la elección popular de ministros de la SCJN, magistrados de circuito y jueces de distrito. 

La reforma también reduce el número de ministros de la Corte de 11 a 9 y crea el Tribunal de Disciplina Judicial, con el fin de supervisar la conducta de los jueces.

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Por otro lado, fue aprobada la reforma  enfocada en los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas el 30 de septiembre de 2024. La reforma reconoce a estas comunidades como sujetos de derecho público con personalidad jurídica, y resalta la importancia de su participación en decisiones que los afectan directamente. 

La reforma también promueve la medicina tradicional y garantiza el derecho a ser asistido por intérpretes y defensores especializados en derechos indígenas y diversidad cultural.

Adicionalmente, se adoptaron medidas para proteger a los jueces que traten casos relacionados con el crimen organizado, conocidos como «jueces sin rostro». Estas disposiciones buscan aumentar la transparencia y la protección en la administración de justicia.

Además, tres reformas constitucionales se encuentran en proceso de aprobación en los congresos estatales. Entre ellas, la reforma en materia de salarios y bienestar, que busca garantizar salarios dignos y acceso a programas sociales. Asimismo, se trabaja en una reforma que facilite el acceso a la vivienda para las familias trabajadoras, priorizando la creación de sistemas de arrendamiento social.

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