La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la “Operación Enjambre”, realizada en el Estado de México, surgió gracias a investigaciones previas de la Fiscalía del Edomex. Esta labor fue apoyada por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Este esfuerzo conjunto permitió obtener órdenes de aprehensión del Poder Judicial contra presuntos involucrados en el crimen organizado.
Sheinbaum destacó la gravedad de que alcaldes o jefes policiales estén implicados en actividades delictivas. Subrayó que estos casos representan un desafío crítico para la justicia y la seguridad. Reiteró que este tipo de vínculos no pueden ser tolerados bajo ninguna circunstancia.
Una estrategia basada en investigación y respeto a los derechos humanos
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Durante su intervención, Sheinbaum enfatizó que la “Operación Enjambre” se distingue de estrategias anteriores. Prioriza la investigación judicial y la inteligencia, dejando atrás prácticas como los homicidios extrajudiciales. Todas las detenciones del operativo tenían órdenes emitidas por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Estas órdenes estaban respaldadas por pruebas en las carpetas de investigación de la Fiscalía estatal.
La presidenta subrayó que este enfoque, respetuoso de los derechos humanos, es fundamental para garantizar la eficacia de las acciones. También fortalece el Estado de derecho. Además, insistió en que las autoridades locales deben ser un ejemplo de integridad, alejadas de cualquier vínculo con la delincuencia.
Respuesta a la violencia en Tabasco
Consultada sobre los recientes actos violentos ocurridos en Tabasco, Sheinbaum aseguró que el gobierno federal desarrolla estrategias específicas para cada región afectada. Aunque la delincuencia organizada es un fenómeno presente en diversas zonas, aclaró que las características locales exigen planes diferenciados. Asimismo, reiteró el apoyo total de la Federación a las entidades que lo requieran.
La “Operación Enjambre” marca un paso firme hacia la judicialización del combate al crimen organizado. Este modelo se basa en investigación, coordinación interinstitucional y respeto a los derechos humanos. Busca consolidar la confianza ciudadana y erradicar la impunidad en todos los niveles de gobierno.
