En la dinámica económica actual, la competitividad de una región no se mide únicamente por su capacidad instalada o ubicación logística, sino por la solidez de sus certezas jurídicas y financieras. Cifras de la Secretaría de Economía confirman que México ha captado más de 34 mil 900 millones de dólares por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED), impulsada en casi un 90 por ciento por la reinversión de utilidades y la consolidación del sector manufacturero.
El Estado de México se ubica de forma constante entre las entidades líderes en recepción de este capital, fungiendo como el motor industrial del centro del país. Sin embargo, existe un eslabón crítico en la arquitectura de atracción de inversión que suele operar en la sombra: la integración del seguro no como un trámite administrativo o un requerimiento regulatorio, sino como un pilar fundamental de gobernanza y seguridad financiera.
A pesar del dinamismo económico regional, la penetración del seguro en México se mantiene en apenas un 2.95 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), según registros de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Más grave aún: dentro del ecosistema de las micro, pequeñas y medianas empresas -que en el Estado de México representan más del 98 por ciento del tejido productivo y generan más del 70 por ciento del empleo local-, menos del 18 por ciento cuenta con algún tipo de cobertura patrimonial o de responsabilidad civil.
Esta desconexión entre la acelerada llegada de capitales y la baja protección del tejido industrial expone una brecha estructural: mientras las corporaciones multinacionales exigen estándares de risk management internacionales para integrar proveedores locales, la cadena de suministro mexiquense opera en un entorno de alta vulnerabilidad financiera ante contingencias operativas, climáticas o de responsabilidad.
Históricamente ha existido un canal de comunicación fragmentado entre el sector gubernamental, la iniciativa privada y la industria aseguradora. La falta de alineación pasa por alto que la densidad de aseguramiento en una entidad funciona como un indicador cuantitativo de madurez institucional para los mercados globales. Cuando un fondo internacional o un conglomerado decide desembolsar capital en territorio mexiquense, evalúa la capacidad de respuesta del entorno frente a un siniestro catastrófico.
En este sentido, la contratación de coberturas de responsabilidad civil, interrupción de negocios y daños patrimoniales no constituye un costo, sino una garantía de continuidad operativa que protege tanto la inversión privada como el empleo y la estabilidad fiscal de los municipios.
Convertir el aseguramiento en un recurso estratégico para la IED exige superar la visión transaccional de la póliza. Requerimos una agenda común donde el gobierno reconozca en el seguro un aliado de gestión de riesgos públicos que alivia la carga del erario ante desastres o contingencias, las empresas lo adopten como un atributo de reputación y gobernanza corporativa y los asesores de riesgo actuemos como el puente técnico que garantice esa certeza.
En el Estado de México, integrar la transferencia de riesgo en el ADN de las políticas de desarrollo económico es el paso definitivo para transformar la atracción de capital en un legado de prosperidad, estabilidad y certeza patrimonial de largo plazo.
- “El seguro es un atributo de gobernanza que valida la madurez de la cadena de suministro mexiquense ante los mercados globales».
- «La penetración del seguro en México alcanza apenas el 2.95 por ciento del PIB, mientras que menos del 18 por ciento de las PyMEs cuentan con protección patrimonial».
(Fuentes: AMIS / INEGI)
- «Con una captación de IED sustentada en un 88.5 por ciento por reinversión de utilidades, la certeza operativa es el factor clave de retención de capital».
(Fuente: Secretaría de Economía)
