Todo parece indicar que el caso Ayotzinapa se le está atragantando al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya no encuentra para donde patear la lata. En su conferencia matutina del lunes salió a declarar que un joven de la normal de esa localidad, quien presuntamente había muerto en un enfrentamiento con la policía, había sido víctima de abuso de autoridad por parte de los uniformados quienes ya se encontrarían detenidos esperando que la Fiscalía General de la República (FGR), quien atrajo el caso, les finque cargos.
La muerte violenta de un ser humano es un acto grave en sí, ya la FGR se encargará de seguir las diferentes líneas de investigación, lo que sí es un hecho es que no deberá hacerse omisa frente a los testimonios de que ese joven, llamado Yanqui Kothan Gómez, había participado un día antes en las protestas que condujeron al derribo de la puerta Mariana en Palacio Nacional, luego de que el presidente se negara a dialogar con los inconformes.
Ciertamente las madres, padres y familiares de los 43 jóvenes, desaparecidos en Iguala entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, se encuentran más que decepcionados, enojados. Dos meses antes de asumir la Presidencia en 2018, AMLO se reunió con ellos y les prometió que esclarecería la desaparición de sus seres queridos; sin embargo, pasó el tiempo, cuatro, cinco años, sin que los informes gubernamentales cumplieran con una de las demandas fundamentales de las víctimas: la indagación a profundidad de las fuerzas armadas, las cuales han encontrado cobijo en un régimen que les ha colocado la etiqueta de intocables.
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En un algo que suena más a un acto de desesperación que de justicia, el presidente, tras los disturbios del miércoles pasado, accedió a recibir a las madres y padres de los desaparecidos nada más que, como ya es su costumbre, planteó hacerlo bajo sus condiciones, y de entrada sugirió que no estén presentes sus asesores legales, como si se tratara de un tema político y no de una cuestión de derecho en donde lo que se reclama es la aplicación de la justicia contra los responsables directos de los hechos, no solo hacia los chivos expiatorios como el exprocurador José Murillo Karam, quien si bien estuvo involucrado al falsear los acontecimientos no es el único que tendría que estar en prisión.
López Obrador se jacta de su experiencia en el arte de poner de cabeza a las autoridades, como su extenso curriculum da fe, sin embargo, los normalistas no le van a la zaga, saben en donde está la debilidad presidencial y ya adelantaron que una vez pasada semana santa se apersonaran a los eventos de la candidata oficial Claudia Sheinbaum, quien tímidamente levantó la mano para mantener viva la cadena de fracasos ofrecidos desde Palacio Nacional.
20 puntos de ventaja no son tantos en una campaña presidencial, cuando se van acumulando los negativos, y se van sumando más sectores indignados la política oficial. El secuestro de la bandera por parte del Ejecutivo ha dejado muy mal sabor de boca en una ciudadanía que lucho por generaciones por una democracia que podría difuminarse de un golpe frente a una Cuarta Transformación que cada vez se parece más al autoritarismo. El 26 de septiembre se cumplirá el décimo aniversario de las desapariciones, cinco días antes de que el presidente abandone el poder. López Obrador podría adelantar una amarga despedida.
Cerrar o no refinerías
La polarización está ahora en cerrar o no refinerías. De un lado, Xóchitl Gálvez plantea cerrar en los primeros seis meses de gobierno las refinerías de Cadereyta y de Ciudad Madero, mientras Jorge Álvarez Máynez la de Tula, argumentando la contaminación que generan; el presidente López Obrador sale en defensa de ellas y cabe recordar que, además, ha pedido que el próximo gobierno construya más.
El problema principal es la contaminación que generan en el sitio donde se encuentran y en las ciudades cercanas. En este caso, Cadereyta que es parte de la zona metropolitana de Monterrey; Ciudad Madero y Tampico, y la contaminación de la refinería de Tula que llega hasta la Ciudad de México. Del otro, está el factor económico, por los empleos directos e indirectos que conllevan, lo cual defienden sus beneficiados, como el alcalde de Cadereyta, de extracción panista, pero que sale a defender el trabajo de la mayoría de los residentes.
Sin embargo, tanto el presidente como el munícipe cadereytense, minimizan u omiten el problema de la contaminación de las refinerías. Cabe tomar de referencia el ejemplo de Tula, Hidalgo. En dicha ciudad confluyen la refinería Miguel Hidalgo, la termoeléctrica, las cementeras y otras industrias, además de las aguas negras que se descargan en el río Tula, lo que hacen de aquel corredor industrial un “infierno ambiental” de acuerdo lo determinado por la Semarnat en 2019, es decir, en la actual administración. Ya en 2006, la ONU había declarado a Tula la ciudad más contaminada del mundo. Desde hace más de 15 años hay registros de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, cerebrovasculares, gastrointestinales y cáncer en la región de Tula.
El caso de Tula es el más extremo pero, por lo mismo, da una idea del problema que representa, por un lado, el hecho de que cerrar la refinería Miguel Hidalgo reduciría significativa aunque parcialmente la contaminación que genera ese corredor industrial, y lo que sería eso para la salud de los tulenses y de quienes habitan en el Valle de México; por el otro, la fuerte afectación económica inmediata que implica para quienes viven de la refinería. Porque, así como Tula, el mismo problema enfrentarían en Cadereyta, Ciudad Madero, Salamanca, o cualquier ciudad alrededor de una refinería.
No se trata sólo de cerrarlas o no, sino ver en qué casos se pueden aplicar tecnologías para reducir la contaminación, y en cuáles es procedente el cierre, con las respectivas alternativas de empleo o de compensaciones que puedan proceder, además del cambio en la estrategia de negocios de Pemex, si es que ha tenido alguna. Lo cierto es que no puede prevalecer un criterio económico de unos cuantos -por muchos que sean-, por encima de la salud de una amplia mayoría.
Y, volviendo al principio, en esa diferencia de cuántos a favor y cuántos en contra, podrían estar los votos de uno u otro lado.