En un cambio significativo para la política y administración pública de México, una serie de reformas constitucionales aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en septiembre y octubre de 2024 han introducido ajustes en áreas críticas como el Poder Judicial, los derechos de los pueblos indígenas, la seguridad pública y los recursos estratégicos.
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Reforma al Poder Judicial: hacia la democratización y la transparencia
El 15 de septiembre de 2024, México publicó en el DOF una reforma histórica al Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de democratizar y transparentar su estructura. Con esta medida, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) serán electos mediante voto popular. Esta nueva disposición modifica el tradicional proceso de selección y busca aumentar la rendición de cuentas en el sistema de justicia.
Además, esta reforma contempla una reducción en el número de ministros de la SCJN, pasando de 11 a 9 integrantes, y establece la figura de “jueces sin rostro” para proteger a quienes resuelven casos vinculados al crimen organizado, con el fin de resguardar su identidad y su seguridad. También se creó el Tribunal de Disciplina Judicial, que junto a un nuevo órgano de administración reemplazará al Consejo de la Judicatura Federal, y se ajustaron los mecanismos de control constitucional.
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Es decir, ni las controversias constitucionales ni los juicios de amparo sobre normas generales darán lugar a la suspensión de dichas normas. En el ámbito económico, esta reforma acota los salarios del Poder Judicial, estableciendo que ningún integrante puede ganar más que el presidente de la República.
Con el objetivo de mantener la continuidad de los procesos, se programó una elección extraordinaria para el 1 de junio de 2025, en la cual se elegirá a los ministros de la SCJN, tres magistrados de la sala superior del TEPJF, cinco magistrados del Tribunal de Disciplina y cerca de la mitad de los jueces de distrito y magistrados federales.
Derechos de pueblos indígenas y afromexicanos: un paso hacia el reconocimiento y la autonomía
El 30 de septiembre de 2024 se publicó una reforma que fortalece los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, reconociendo oficialmente a México como una nación multiétnica y dotando a estas comunidades de personalidad jurídica y patrimonio propio. Esto permite que los pueblos indígenas puedan gestionar de manera autónoma sus recursos y su desarrollo comunitario.
Esta reforma también promueve la medicina tradicional y garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa cuando cualquier decisión legislativa o administrativa pueda afectar significativamente sus territorios. Otro punto importante es el impulso a la educación indígena intercultural y plurilingüe, así como el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a contar con servicios de intérpretes, traductores y asesores especializados en temas de derechos indígenas. La asignación presupuestal para estos grupos será administrada directamente por las comunidades, lo que representa un avance hacia su autonomía y desarrollo.
Guardia Nacional: consolidación como fuerza de seguridad pública
Con la reforma del 30 de septiembre de 2024, la Guardia Nacional se establece de manera definitiva como una fuerza de seguridad pública bajo la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Esta reforma refuerza la seguridad pública en el país y faculta al Ejecutivo Federal para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo en tiempos de paz. La reforma responde a la necesidad de tener una fuerza de seguridad con formación militar y policial, que actúe de acuerdo con los lineamientos de la ley en situaciones de emergencia.
Transporte ferroviario y recursos estratégicos: prioridad para el desarrollo nacional
Otra reforma destacada fue la del 30 de octubre de 2024, que coloca al transporte ferroviario de pasajeros y carga como una prioridad para el desarrollo nacional. Esta enmienda al artículo 28 de la Constitución abre la posibilidad de que el Estado administre el transporte ferroviario de pasajeros, una medida que refleja el interés en revitalizar el sistema ferroviario nacional.
Por su parte, la reforma constitucional del 31 de octubre de 2024 asegura que los recursos energéticos críticos del país, como el litio, estarán bajo la administración exclusiva del Estado, prohibiendo la concesión privada de estos recursos. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se convierte en una empresa pública con el mandato de garantizar electricidad asequible y accesible, priorizando la responsabilidad social sobre el lucro. Además, se establece que el Internet proveído por el Estado no será considerado monopolio, dado su carácter de servicio público esencial.
Reformas a la impugnabilidad de cambios constitucionales: fortalecimiento de la autonomía legislativa
Finalmente, la reforma del 31 de octubre de 2024 establece que las modificaciones a la Constitución no pueden ser revisadas ni impugnadas en tribunales. Esto excluye a las reformas constitucionales del control judicial, reafirmando la soberanía del Poder Legislativo en los cambios a la Carta Magna. Esta medida es un esfuerzo para limitar los recursos legales en contra de las reformas constitucionales y para afianzar la autonomía de los legisladores en la toma de decisiones sobre el rumbo del país.
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