Cada vez que se implementa la ley seca en el Estado de México, ya sea por elecciones o fechas especiales, los efectos económicos no se hacen esperar. Aunque la medida busca garantizar el orden y la seguridad, su aplicación representa una carga significativa para diversos sectores económicos, especialmente la industria restaurantera, el comercio y la distribución de bebidas.
Los restaurantes, bares, tiendas de conveniencia y supermercados ven afectadas sus ventas de manera considerable. En muchos casos, las pérdidas durante un fin de semana con ley seca pueden alcanzar entre el 40% y el 60% de sus ingresos habituales. Esto golpea especialmente a los pequeños negocios que dependen en gran medida de las ventas de bebidas alcohólicas para mantener su operación.
Además del impacto directo en las finanzas de los establecimientos, la ley seca provoca un efecto secundario preocupante: el aumento en el consumo de alcohol de procedencia informal o adulterado. Cuando el acceso legal se restringe, algunos consumidores optan por canales ilegales, lo que representa un riesgo para la salud pública y una pérdida fiscal para el estado.
Ante esta situación, empresarios y cámaras del sector han reiterado su llamado a revisar la pertinencia de esta medida. Aseguran que los incidentes relacionados con el consumo de alcohol durante eventos como las elecciones son mínimos y que existen otros mecanismos para garantizar la paz y el orden sin afectar el dinamismo económico.
La discusión sobre la ley seca en el Estado de México abre un debate más amplio: ¿cómo equilibrar la gobernabilidad con la necesidad de proteger a los sectores productivos? Si bien la seguridad es una prioridad, también lo es mantener activa una economía local que genera miles de empleos directos e indirectos.
La transformación del Estado de México pasa también por políticas públicas más sensibles al entorno económico. Revisar y modernizar la ley seca podría ser un paso importante para proteger tanto el orden como el crecimiento económico.