Como una puerta de acceso a la justicia para los grupos históricamente discriminados
Por Dra. Rosa María Oviedo Flores, Magistrada Civil Electa del Poder Judicial del Estado de México
El acceso a la justicia no es un privilegio, es un derecho. Sin embargo, en la historia judicial de México ha sido una promesa incumplida para comunidades indígenas, personas afrodescendientes, mujeres, población LGBTIQ+, personas con discapacidad y habitantes rurales.
La nueva reforma judicial representa una posibilidad histórica: abrir realmente las puertas del sistema a quienes por generaciones han sido excluidos. No se trata solo de un cambio normativo, sino de transformar la manera en que se interpreta y aplica la justicia.
Uno de los pilares es el enfoque de derechos humanos y equidad. Reconocer las desigualdades estructurales y utilizar el derecho para equilibrarlas, no perpetuarlas, es el objetivo central. La justicia debe ser justa en su contenido y también oportuna en su aplicación.
Durante demasiado tiempo, la lentitud de los procesos judiciales ha significado una denegación encubierta de justicia. Para una mujer víctima de violencia o una comunidad desplazada, una sentencia tardía no es justicia: es un agravio. La reforma busca terminar con esta realidad.
Entre las medidas planteadas están la justicia digital, el impulso de métodos alternativos de resolución de conflictos y la ampliación de jueces en zonas históricamente marginadas. Con ello, se busca que los derechos no solo existan en el papel, sino que se hagan efectivos en tiempo real.
Como señala la Dra. Rosa María Oviedo Flores, la transformación no será automática. Sin embargo, la reforma abre una puerta para que el poder judicial sea un verdadero actor de inclusión, con la dignidad humana en el centro de cada decisión.
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