Por Dra. Rosa María Oviedo Flores
Magistrada Civil del Poder Judicial del Estado de México
Asumir la responsabilidad de ser magistrada civil y de todas y todos mis compañeros impartidores de justicia del Poder Judicial del Estado de México, en esta etapa inédita donde la elección popular legitima nuestro encargo, no es sólo un honor; es, ante todo, un compromiso profundo con la sociedad que depositó su confianza en nosotros a través del voto. Este mandato ciudadano nos obliga a recordar que ya no sólo respondemos ante la ley y la Constitución, sino también ante la mirada atenta y la esperanza viva de miles de mexiquenses que esperan un cambio real en la impartición de justicia.
El liderazgo del Magistrado Presidente Héctor Macedo nos convoca a transitar hacia un Poder Judicial que abandone cualquier vestigio de opacidad o lejanía, y que se convierta en un actor central en la construcción de un Estado de Derecho con justicia social y enfoque de derechos humanos. Esta visión no se limita a la correcta aplicación de las normas, sino que incorpora la sensibilidad frente a las desigualdades, las barreras estructurales y las realidades humanas que enfrentan quienes acuden a los tribunales.
En el ámbito civil, nuestra labor adquiere un carácter estratégico: somos responsables de resolver conflictos que tocan lo más profundo de la vida de las personas, en su patrimonio, es decir, sus bienes. Cada resolución es una oportunidad para demostrar que la justicia no es un trámite burocrático, sino una herramienta de paz social y de dignidad humana. El reto es juzgar con imparcialidad y rigor técnico, pero también con empatía y perspectiva, entendiendo que detrás de cada expediente hay un rostro y una historia.
La historia nos coloca en un punto de inflexión. La elección directa de las y los juzgadores es un hecho sin precedentes que redefine la relación entre la ciudadanía y el Poder Judicial. Esta legitimidad democrática exige transparencia radical, rendición de cuentas permanente y cercanía con la sociedad. No basta con ser independientes; debemos ser accesibles, comprensibles y confiables.
El desafío es grande: modernizar procesos, reducir tiempos, garantizar el acceso efectivo a la justicia y proteger a las personas en situación de vulnerabilidad. La visión de justicia social implica que nuestros fallos no perpetúen desigualdades, sino que contribuyan a erradicarlas. Incorporar la perspectiva de género, el enfoque interseccional y el respeto irrestricto a los derechos humanos no es un gesto opcional, sino una obligación ética y legal.
Bajo el liderazgo del Magistrado Presidente Héctor Macedo, se abre la oportunidad de transformar la cultura judicial desde adentro. Su compromiso con una justicia más humana y cercana debe reflejarse en cada sala, cada sentencia y cada decisión administrativa. Como personas impartidoras de justicia nuestro papel es asumir esa ruta como propia, participando activamente en la construcción de un Poder Judicial que deje huella en la historia por su valentía, su transparencia y su compromiso con la gente.
Hoy, más que nunca, debemos honrar el voto ciudadano no sólo con palabras, sino con resoluciones ejemplares, trato digno, puertas abiertas y una vocación de servicio que devuelva la confianza en la justicia. Si la sociedad nos eligió, es porque cree que podemos cambiar las cosas; si la historia nos observa, es porque espera que estemos a la altura del momento. Nuestro compromiso es no defraudarles.
En este momento, el Poder Judicial del Estado de México inicia una etapa que quedará inscrita en la historia. Las y los magistrados, las y los jueces elegidos por voto popular tenemos la oportunidad y la obligación de demostrar que la justicia puede ser cercana, humana, transparente y eficaz. Bajo el liderazgo del Magistrado Presidente Héctor Macedo, y con la guía de la justicia social y los derechos humanos, debemos transformar no sólo los tribunales, sino también la percepción que la ciudadanía tiene de ellos.
La confianza que el pueblo mexiquense nos ha otorgado no es un reconocimiento; es un mandato. Un mandato que nos exige resolver con integridad, escuchar con atención y actuar con valentía. Que cada sentencia sea un reflejo de que estamos a la altura del momento histórico que vivimos. Que cada decisión honre el voto de confianza que hoy nos compromete, para que la justicia deje de ser una promesa y se convierta en una realidad palpable en la vida de las personas.
