El Estado de México implementó el Operativo Atarraya, acción conjunta de diversas fuerzas de seguridad contra el crimen organizado en 27 municipios estratégicos. La Fiscalía General de Justicia (FGJEM) lidera esta estrategia, buscando desarticular redes dedicadas a narcotráfico, trata de personas y extorsión.
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Acciones para establecer el orden
El operativo inició el 13 de diciembre con participación coordinada de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y elementos estatales de seguridad. Las autoridades inspeccionaron establecimientos sospechosos, clausurando 116 cervecerías y 59 bares utilizados por grupos delictivos para actividades ilícitas.
Estas intervenciones ocurren tras un ataque en un bar de Cuautitlán Izcalli, donde murieron seis personas. Ese crimen surgió por disputas entre ‘El Buchanans’ y el Cártel del Nuevo Imperio.
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El Operativo Atarraya también pretende sancionar locales que faciliten la venta de drogas o permitan el ingreso de menores.
La Secretaría de Seguridad advierte que continuará cerrando negocios que promuevan actividades criminales, reforzando así el control sobre espacios frecuentados por organizaciones delictivas. Entre estos grupos se incluyen Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que operan en la región.
Este despliegue responde a la necesidad de establecer un orden más firme, reduciendo la influencia del crimen organizado y garantizando mayor seguridad pública. La acción conjunta busca eliminar focos delictivos, asegurar la integridad de la población y evitar que estos espacios funcionen como centros de operaciones criminales.
Las fuerzas participantes mantienen comunicación permanente, coordinando movimientos estratégicos y compartiendo información para debilitar las estructuras delincuenciales.
Un paso hacia la seguridad estatal
El Operativo Atarraya simboliza un paso importante en la lucha contra organizaciones criminales que amenazan la estabilidad del Estado de México. La colaboración entre fuerzas federales y estatales refuerza la confianza ciudadana, demostrando el compromiso real de las autoridades con la seguridad colectiva.