La Legislatura del Estado de México ha aprobado la ampliación del personal de la Contraloría para revisar de manera más rigurosa la evolución patrimonial de los funcionarios electos de los 125 ayuntamientos.
Esta medida tiene como objetivo detectar y prevenir el enriquecimiento ilícito entre los servidores públicos, asegurando la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de sus funciones.
La ampliación incluye la contratación de abogados, contadores públicos y economistas para realizar estas revisiones de manera permanente.
Ampliación del área de situación patrimonial
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Para fortalecer la supervisión patrimonial, la Contraloría ha iniciado la ampliación física de su área de situación patrimonial y planea contratar a profesionales especializados en derecho, contabilidad y economía.
Esta acción permitirá revisar al menos al 10 por ciento de los funcionarios de elección popular de manera aleatoria cada año. Hasta ahora, estas revisiones se realizaban solo a nivel estatal y a los legisladores, pero no a los ediles de los ayuntamientos, quienes ahora también estarán sujetos a este escrutinio.
Objetivo de la verificación patrimonial
La verificación de la evolución patrimonial, conforme a la legislación mexiquense, tiene el propósito de identificar incrementos inexplicables en el patrimonio de los funcionarios en relación con sus ingresos declarados. Para ello, se realizará un análisis detallado de sus ingresos, bienes inmuebles y muebles, inversiones, vehículos, gravámenes y declaraciones de intereses.
En caso de detectar posibles irregularidades, se dará garantía de audiencia al funcionario y, de ser necesario, se remitirá el caso al Ministerio Público. Este proceso busca asegurar que los datos declarados sean coherentes y precisos.
Implementación y expectativas
El contralor Juan José Hernández Vences señaló que esperan comenzar este trabajo en diciembre y concluirlo el próximo año, independientemente de que los actuales funcionarios continúen en sus cargos. Este esfuerzo busca garantizar que todos los ediles sepan que están siendo vigilados y que la transparencia es una prioridad.
«El poder legislativo nos está apoyando con todo y vamos a tener más personal porque lo que se busca es la transparencia y que los ediles sepan que están vigilados y por ley se hará esto todos los años», concluyó Hernández Vences.
Esta iniciativa refleja el compromiso de la Legislatura del Estado de México con la transparencia y la integridad en el servicio público, estableciendo mecanismos más estrictos para la supervisión patrimonial de los funcionarios electos. La meta es crear un entorno donde la honestidad y la responsabilidad sean pilares fundamentales del ejercicio gubernamental.