El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la desaparición de siete órganos autónomos. Esto ha generado un intenso debate en la sociedad y la política mexicana. La reforma, aprobada por la Cámara de Diputados con 22 votos a favor y 17 en contra, implica la eliminación de instituciones clave.
Las funciones de estos organismos serían transferidas a diversas Secretarías de Estado. El Gobierno federal asegura que esta medida permitirá un ahorro significativo, el cual se destinará a programas sociales.
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¿Qué órganos autónomos desaparecerían?
La desaparición de órganos autónomos incluye a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). La COFECE promueve la competencia y evita prácticas monopólicas. Sus funciones serían absorbidas por la Secretaría de Economía. El IFT regula las telecomunicaciones y la radiodifusión. Sus responsabilidades se transferirían a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Ambos organismos han sido fundamentales en la regulación de sectores clave de la economía mexicana.
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Impacto en la transparencia y la evaluación de políticas públicas
La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es una de las propuestas más controvertidas. Este organismo garantiza el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Sus funciones se trasladarían a la Secretaría de la Función Pública y a órganos de control del poder Legislativo y Judicial. Además, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) también desaparecería. CONEVAL mide la pobreza y evalúa la política social. Sus funciones serían absorbidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) también desaparecerían. Sus funciones pasarían a la Secretaría de Energía. Esto podría centralizar aún más las decisiones en el sector energético. La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) también vería sus funciones asumidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Esta medida podría limitar la independencia en la evaluación de políticas educativas.
La propuesta de AMLO para la desaparición de estos organismos autónomos busca reducir el gasto público. Sin embargo, también plantea preocupaciones sobre la centralización del poder y la posible pérdida de independencia en áreas clave.
