La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha expresado su preocupación ante el proceso de selección del próximo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Este proceso es para el periodo 2024-2029. Coparmex solicita al Senado de la República que este proceso se realice de manera transparente. Además, pide que se garantice la autonomía e independencia de la CNDH, clave para la defensa de los derechos humanos en México.
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Relevancia de una CNDH autónoma
La CNDH cumple un papel crucial en la protección de los derechos humanos. Sobre todo en un contexto donde las libertades y derechos individuales enfrentan desafíos importantes.
Coparmex señala que la CNDH debe ser un organismo autónomo y eficaz, capaz de documentar violaciones de derechos y de emitir recomendaciones vinculantes. También insta a que la CNDH mantenga su compromiso con organismos nacionales e internacionales. Especialmente ahora que México ha sido nombrado miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2025-2027.
Principios para un proceso de selección adecuado
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Coparmex resalta que el Senado debe considerar principios clave en la elección del próximo titular de la CNDH. Estos principios son: la independencia política, una consulta pública inclusiva y un proceso transparente. En cuanto a la independencia, es esencial que el nuevo titular esté libre de vínculos partidistas y tenga una trayectoria impecable en derechos humanos.
Asimismo, Coparmex enfatiza la necesidad de una participación auténtica de organizaciones civiles y colectivos de víctimas en el proceso de selección. Finalmente, el proceso debe ser transparente, permitiendo que la ciudadanía se mantenga informada en cada etapa.
Coparmex reafirma su compromiso de colaborar en la defensa de los derechos humanos en México y de impulsar políticas que promuevan la dignidad humana. Ante el contexto actual y la creciente participación de México en foros internacionales de derechos humanos. Contar con una CNDH fuerte y autónoma es esencial para consolidar el Estado de Derecho y garantizar la protección de los grupos más vulnerables.