El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad, en sesión extraordinaria, una reforma constitucional que fortalece derechos de pueblos indígenas y afromexicanos. Con 54 votos a favor, los legisladores avalaron cambios al artículo 2 de la Constitución, buscando preservar y fomentar su cultura, lenguas y educación.
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Sesión extraordinaria y votación unánime
La sesión fue convocada de manera imprevista durante la medianoche, iniciando con un quórum de 40 legisladores de un total de 66. La reunión tuvo una duración inferior a 18 minutos. Los diputados se reunieron para registrar electrónicamente su voto, bajo la conducción de la presidenta de la Mesa Directiva, Martha Soledad Ávila Ventura. La reforma fue aprobada sin lectura previa, evidenciando el consenso entre las distintas fuerzas políticas.
Reconocimiento de derechos y autonomía
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La reforma al artículo 2 de la Constitución reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público. Se les otorga personalidad jurídica y patrimonio propio. Además, garantiza su derecho a decidir conforme a sus sistemas normativos y a elegir a sus representantes. Podrán organizarse según sus formas internas de gobierno, siempre en concordancia con la Constitución y las leyes aplicables.
La modificación constitucional busca preservar, difundir y fomentar la cultura, lenguas y educación de estas comunidades. Se basa en sus propios métodos de enseñanza-aprendizaje. También promueve el desarrollo de la medicina tradicional, prácticas de salud y alimentación nutritiva. Respeta la bioculturalidad y la integridad de lugares sagrados. Asimismo, el trabajo comunitario es valorado como un elemento esencial de su identidad.
Se establece el derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos a ser consultados en medidas que afecten su vida o entorno. Tendrán asistencia jurídica adecuada para asegurar su participación efectiva. Esto fortalece su autodeterminación y garantiza que sus opiniones sean tomadas en cuenta.
La reforma enfatiza el respeto y aplicación de sus sistemas normativos por parte de sus autoridades comunitarias. Se respetan las garantías individuales, los derechos humanos y la dignidad e integridad de las mujeres.