Callejón Informativo
Por José Alam Chávez Jacobo
La elección judicial dejó importantes lecciones en la entidad considerada mas importante del país: estado de México, respecto de lo que no se debe repetir, y aprender de decisiones que pasaron por el Poder Legislativo, mismas que generaron deficiencias que propiciaron que los resultados de la elección se litigaran hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Durante la primera semana de Diciembre del 2024, el Congreso del estado de México, aprobó la reforma constitucional en materia judicial que, entre otras cosas, determinó que además de las boletas correspondientes para elegir en las urnas jueces y magistrados (hombres y mujeres) habría una especial para la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Contempló que los y las aspirantes tenían que anotarse para ser Magistrados, en las diferentes regiones y materias (Civil, Penal, Familiar, Mercantil y Administrativa) pero que tenían que registrarse también para la Presidencia del TSJ, cuya votación -a diferencia de la Magistratura Regional- fue estatal.
Los candidatos y candidatas tenían que ganar su región para poder ser considerados en los resultados de la Presidencia, pero colocando una cláusula donde se preveía que si el ganador de esta segunda (Presidencia) tenia una muy alta votación en el estado, pero perdía su candidatura como Magistrado Regional, tenía derecho a entrar.
Además de ello, la Legislatura mexiquense determinó que el periodo de la nueva Presidencia del Poder Judicial tendrá una vigencia de ocho años, pero de forma rotativa, obviamente electa por el pueblo. De acuerdo con la convocatoria y la reforma aprobada, los cuatro presidentes serían designados de acuerdo al número de votos obtenidos, de mayor a menor, respetando el criterio de paridad de género, siempre y cuando hubiera ganado la elección regional.
Esto último, fuera de la lógica de la reforma federal, por ejemplo en la integración de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde los cuatro periodos se definieron de acuerdo con el número de votos obtenidos, de mayor a menor, pero sin una boleta especial, como en el caso descrito del Edoméx. Es decir, los ciudadanos eligieron candidaturas a la Corte, no por un o una presidenta en especifico, como aquí.
Estas decisiones del Congreso generaron problemas, tras la jornada electoral; por ejemplo Héctor Macedo García, ganó la elección de presidente, con una muy alta votación pero perdió la elección de Magistrado en su materia, por lo que su periodo terminará en 2027, con la única duración de dos años del cargo.
Ante ello, recurrió al Tribunal Electoral del estado de México (TEEM) donde pedía que le asignaran -sin haber ganado- una Magistratura de seis años, para que, en total, asumiera una posición de ocho años, siendo que será presidente del TSJ de 2025 a 2027. El TEEM le negó el recurso, por ello se determinó que será presidente hasta el 2027 y que se le asignará una Magistratura administrativa, pero con vigencia en el mismo plazo. Recordemos que el periodo de quienes ganaron será de ocho años.
All cierre de edición de la revista, estaban pendientes dos medios de impugnación en la Sala Superior del TEPJF, uno de estos fue promovido por Erika Icela Castillo y del segundo, por Kenia Núñez. Castillo ganó la elección de Magistrada Regional y presidenta del TSJ para el periodo 2027-2029, pero como el TEEM dejó vacante el cuarto periodo (2031-2033), ordenando que se vote en las urnas en 2027, pidió que se le conceda a ella esta posición.
Kenia Núñez reclamó en la Sala Superior, el segundo espacio del Tribunal de Disciplina Judicial, que actualmente esta destinado para el Fiscal de Justicia, Jaime Alejandro Gómez, argumentando que fue la mujer mas votada y deben privilegiarse mayores espacios para las féminas. Todo esto por las inconsistencias que generó la reforma aprobada por la Legislatura.
Esto sin perder de vista que hasta el 20 de Agosto, 15 días antes de la toma de protesta del nuevo Poder Judicial, no se había aprobado la Ley Orgánica del Poder Judicial, misma que debe ser consultada con diversos sectores sociales. Por eso al inicio de este espacio se se señala que lo ocurrido en la entidad mas importante del país, debe ser ejemplo de lo que no se debe hacer en 2027 cuando se renovará a la otra mitad de jueces y magistrados, cuando se cumpla el objetivo de que la totalidad de los integrantes del Poder Judicial, sea producto del voto popular.
